La evidencia muestra que, en las últimas décadas, el sistema educativo peruano ha logrado mejorar sus indicadores de cobertura y de aprendizaje, pero de manera insuficiente y parcial, dado que se ha incrementado la desigualdad y segregación escolar. A ello se suma la emergencia sanitaria, que ha profundizado estas desigualdades. En este documento, se proponen políticas orientadas a reducir las grandes desigualdades existentes, tanto en el acceso como en la trayectoria y culminación de los estudios de educación básica. Se busca asegurar así el conjunto de aprendizajes establecidos en la escolarización obligatoria, con especial atención a los estudiantes que provienen de las familias más vulnerables, sea por su nivel socioeconómico (NSE), origen étnico, lengua materna, género, territorio donde viven y/o sus habilidades. Atender la desigualdad educativa y reducir la segregación escolar facilita la construcción de un sistema educativo de calidad, que ayude a edificar una sociedad más justa y democrática, y un Perú más productivo y desarrollado.

Los países que logran mayor éxito educativo son aquellos que reconocen que la equidad es una parte constitutiva e imprescindible de la calidad. Esto implica dos dimensiones: la imparcialidad, para que las condiciones iniciales de los estudiantes no obstaculicen las posibilidades de éxito en el sistema escolar, y la inclusión, para garantizar un conjunto de aprendizajes básicos y fundamentales para todos.

En tal sentido, la evidencia nos muestra que en las últimas décadas nuestro sistema educativo ha logrado mejorar sus indicadores de cobertura y los resultados de aprendizaje, pero esto ha sido insuficiente y parcial porque se ha incrementado la desigualdad y la segregación. A ello se suma la emergencia sanitaria, la cual ha puesto de manifiesto ―y ha mostrado con especial claridad― los viejos y graves problemas de desigualdad educativa que tiene el país.

El diagnóstico muestra que la desigualdad es una característica que está presente en todas las etapas de la enseñanza en el Perú, principalmente en las niñas, niños y adolescentes de las familias más vulnerables, en relación a sus niveles de pobreza, origen étnico, lengua materna, género, territorio donde viven y/o habilidades con las que cuentan. Por ello, en este documento, se propone que el sistema educativo peruano se oriente a reducir las grandes brechas existentes en la educación básica (niveles de inicial, primaria y secundaria), tanto en el acceso como en la trayectoria y culminación de los estudios. De igual manera, que se busque asegurar el conjunto de aprendizajes fundamentales establecidos en la escolarización obligatoria, con especial énfasis en estos grupos. Por otro lado, si bien no se aborda la educación superior, se reconoce que esta requiere de una especial atención en este quinquenio, pues es un factor estratégico para el desarrollo del país.

Muchas de las propuestas planteadas necesitan de un trabajo intrasectorial (es decir, de coordinación dentro del sector), intersectorial (con otros sectores) e intergubernamental. Asimismo, es urgente mejorar la información que tiene el sistema sobre las poblaciones con mayores desventajas (rural, bilingüe, indígena, afrodescendiente, madres adolescentes, personas con alguna discapacidad, estudiantes en pobreza o pobreza extrema, migrantes, refugiados, entre otros). Ello facilitaría contar con indicadores de justicia educativa que guíen el progreso de la política educacional, y complementar los existentes, centrados principalmente, en cobertura y logros de aprendizajes.

Opciones de política

Se plantea un conjunto de medidas de política para el nuevo gobierno, que apuntan a fortalecer el sistema educativo desde la equidad e inclusión y ayudarán a concretar las orientaciones del Proyecto Educativo Nacional (PEN) para el periodo 2021-2026. Las medidas se ordenan en tres dimensiones: cobertura, aprendizajes y condiciones básicas de educabilidad, para cada uno de los niveles de la educación obligatoria (inicial, primaria y secundaria).

Sobre la cobertura, se plantea facilitar la trayectoria educativa obligatoria de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables, con énfasis en la primera infancia y secundaria, a través de las siguientes medidas:

● Ampliar la oferta de servicios de atención preescolar a la primera infancia (cero a dos años) y universalizar el acceso para niñas y niños de tres a cinco años.

● Incrementar el acceso, permanencia y conclusión en la educación básica, con énfasis en la secundaria.

● Reducir la segregación escolar de los estudiantes socialmente más desfavorecidos.

Con relación a garantizar las trayectorias (culminación) y logros de los aprendizajes correspondientes a las etapas de desarrollo, priorizando a las poblaciones vulnerables, se plantea:

● Capacitar equipos profesionales y dotar de materiales educativos pertinentes para atender a la primera infancia en sus dos ciclos de educación preescolar (cero a dos años y tres a cinco años), de manera oportuna y acorde con la etapa de desarrollo y el contexto cultural de las familias.

● Formación continua y acompañamiento pedagógico a docentes y directivos, para atender de manera oportuna y pertinente a los estudiantes más vulnerables y de menor rendimiento, y así puedan lograr los aprendizajes establecidos en la educación básica, con énfasis en la secundaria.

● Instituciones educativas (II.EE.) que atiendan poblaciones rurales y bilingües a lo largo de toda la trayectoria de educación básica (inicial, primaria y secundaria) cuentan con equipos pedagógicos preparados y materiales educativos pertinentes.

● II.EE. inclusivas y centros de educación básica especial (CEBE) cuentan con apoyo pedagógico solvente, suficiente y sostenido. Se requiere disponer de equipos multidisciplinarios y materiales necesarios, así como de orientación para familias, cuidadores y comunidad educativa.

● Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que puedan desarrollar sus aprendizajes en un entorno libre de estereotipos y violencia.

Las condiciones básicas de educabilidad apuntan a garantizar que los locales donde se prestan servicios educativos de cualquier nivel o modalidad sean seguros, accesibles y adecuados para las condiciones propias del entorno, y que estén dotados de los servicios básicos y equipamiento necesarios para  brindar espacios de aprendizaje digno. Al respecto se plantea:

● Proveer de condiciones adecuadas y coordinadas intersectorialmente en los servicios preescolares de atención de primera infancia, con pertinencia sociocultural.

● Locales donde se prestan servicios educativos de cualquier nivel o modalidad (especialmente en las zonas rurales) deben disponer de los servicios básicos necesarios (incluido internet), y ser seguros, accesibles y adecuados para las condiciones propias del entorno.

● Servicios de alimentación, condiciones básicas de protección y cuidado han de ser parte de los servicios educativos. Se prioriza a los estudiantes de familias con mayor vulnerabilidad.

Recomendaciones

Una política educativa orientada hacia el cierre de brechas requiere de decisiones que vayan más allá del sector de educación, por lo que se propone un pacto educativo nacional, liderado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) en el Acuerdo Nacional, para discutir y aprobar reformas estructurales de fondo que permitan fortalecer la enseñanza pública, como parte de la implementación del PEN. Esto se asocia directamente a una reforma tributaria para incrementar la inversión por estudiante, priorizando a los que pertenecen a sectores excluidos y en desventaja.

Ello debe darse en un contexto de descentralización que permita contar con presupuestos por resultados territoriales, y así poder diversificar las estrategias educativas según las características y necesidades de cada población, con un enfoque de justicia social y equidad.



Este artículo es un resumen del documento de política Políticas para una educación  equitativa e inclusiva publicada por el proyecto Perú Debate 2021: propuestas hacia un mejor gobierno.

(Fotos: Agencia Andina)